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¿Abrir un negcio en una semana es posible?

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¿Abrir un negocio en una semana es posible?

PREGUNTA.- El pasado mes de enero perdí mi puesto de trabajo por cierre de la empresa donde trabajaba desde hace más de diez años. Tras varios meses de búsqueda incesante de una nueva contratación con resultado infructuoso, he decidido abrir mi propio negocio. Lo cierto es que dispongo de un local que se ajusta a mis necesidades y de la inversión requerida para empezar la actividad. Con ánimo de aprovechar el empuje comercial que puede suponer para el negocio la llegada del periodo estival me gustaría inaugurar cuanto antes, pero temo no sea posible solucionar los trámites burocráticos en tan corto espacio de tiempo. ¿Cuánto puedo tardar en que se me conceda la licencia de apertura?

SOLUCION.- Según los datos de la OCDE España era, hasta hace bien poco, el segundo país de Europa donde más trámites era necesario realizar para abrir un negocio. Resultaba, por tanto, necesario sustituir en lo posible estas cargas administrativas por otros procedimientos de control menos gravosos, garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa vigente. Especialmente gravosas han resultado siempre la obtención de determinadas licencias cuyos procedimientos impedían el ejercicio de la actividad hasta mucho tiempo después de haber acometido las inversiones iniciales.

Con la reciente modificación normativa aprobada por el Gobierno se ha dado un importante paso para eliminar todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Hasta ahora había que presentar un proyecto realizado por un profesional competente (ingeniero, arquitecto, aparejador, etc.), abonar unas tasas municipales, realizar las obras y "esperar pacientemente" la respuesta de la administración que podía alargarse hasta el año y medio para obtener la licencia definitiva.

Dicho procedimiento ha sido superado por entender que no son necesarios controles previos, tratándose de actividades que por su naturaleza, instalaciones y por la dimensión del establecimiento no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, instaurándose por el contrario un régimen de control ex post basado en una declaración responsable. De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y el ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de una declaración responsable o comunicación previa, según el caso, en la que el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer de los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cuando la Administración debe responder...

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Cuando la Administración debe responder…

caída en la vía pública - Ático Jurídico
Aunque es de todos conocido que la Administración debe indemnizar al ciudadano por los daños que toda actuación administrativa (sea esta normal o anormal) ocasione a los ciudadanos, no siempre es fácil determinar dicha responsabilidad administrativa, y diversos errores en cuanto a la acreditación del daño producido, o en cuanto a la forma en que el mismo se produjo, pueden hacer que la reclamación se vaya al traste, y se pierda la indemnización a la que legalmente se tenía derecho.
 

Empezaremos afirmando que es necesario que exista un nexo causal entre el daño producido y la actuación administrativa que lo ha ocasionado. Y esto es fundamental. Así, es frecuente que el ciudadano que sufre una caída en la vía pública, consiga llegar renqueante a su domicilio, sin haber avisado a la policía de su percance, y no habiendo tomado datos de testigos del accidente. Pues bien, si finalmente existiera una lesión como consecuencia de dicha caída y quisiera reclamar, tendría bastantes dificultades para probar que el daño producido (que es real y está acreditado) se ha producido en el lugar en el que lo indica (desperfecto en la acera) y no en cualquier otro, o practicando deporte o cualquier otra actividad. Faltaría el nexo causal a que nos hemos referido, y el asunto tendría bastantes visos de perderse.

 

Igualmente es fundamental contactar lo antes posible con un profesional que pueda encauzar adecuadamente la reclamación desde el primer momento. Y ello porque en este tipo de procedimientos la reclamación inicial a la Administración que ha generado el daño es fundamental, y cualquier error que se cometa en la misma, ya sea por falta de prueba, por no precisar la cantidad que corresponde como indemnización, o de cualquier otra índole, normalmente se irá arrastrando durante todo el procedimiento, y puede ser la causa de que el asunto se acabe perdiendo en sede judicial.

 

Es además conveniente, actuar con celeridad, ya que el plazo para iniciar la reclamación es de un año a contar desde la fecha en que se produce el hecho que motiva la petición de indemnización, o desde que se manifiesta su efecto lesivo. En el caso de lesiones físicas el plazo comienza a contar desde la completa curación o, en su caso, desde la determinación de las secuelas.

 

Indicar por último, que la responsabilidad de la Administración se extiende a todo daño que se ocasione ya sea a bienes o personas. Debe por tanto responder la Administración por los daños ocasionados a vehículos u otras propiedades, por la pérdida de derechos que había otorgado a un ciudadano, por perjuicios económicos causados, etc…

 

 

 

 

Impugnación de un PAI, a través de la reparcelación

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Levante - EMV, 2 de noviembre de 2008

En el día a día de nuestra labor profesional como abogados, es relativamente frecuente que los asuntos lleguen a nuestro despacho cuando ya han intervenido en ellos otros profesionales (en ocasiones no suficientemente cualificados) o incluso los propios interesados.

Así nos encontramos con escritos de alegaciones que en ocasiones, pueden incluso perjudicar al que lo ha realizado, y con algún acto administrativo que, por falta de información, no se ha recurrido.

Así, en la materia urbanística que hoy nos ocupa, es bastante frecuente que los afectados no realicen actuación alguna contra la aprobación de los Programas de Actuación Integrada (PAI), entendiendo que su parcela o terreno sigue igual, y que será la Reparcelación la que haga el oportuno “reparto”, pudiendo entonces reclamarse contra el mismo.

Es pues una vez aprobada la reparcelación cuando surgen todas las quejas por parte de los afectados, algunas de las cuales como veremos, pueden no tener ya solución si se ha transigido con la aprobación del PAI.

Y ello porque evidentemente, el Proyecto de Reparcelación no es más que el desarrollo y la ejecución de las previsiones establecidas en el PAI.

Por ello, hay determinadas cuestiones que, aunque son percibidas por los afectados cuando se les notifica el Proyecto de Reparcelación, ya venían establecidas en el PAI que no se impugnó, por lo que ahora son difícilmente recurribles.

Por ello es muy importante acudir a un profesional desde el primer momento, para que sea él quien interprete la conveniencia o no de impugnar los sucesivos actos administrativos que se vayan notificando.

Hasta hace poco, la situación descrita se solucionaba impugnando el PAI, a través de la impugnación del Proyecto de Reparcelación. Es lo que se conoce como impugnación indirecta, o impugnación de una disposición a través de sus actos de aplicación, y está permitida por nuestra Ley Jurisdiccional.

Sin embargo, para ello, es imprescindible que la disposición impugnada indirectamente, tenga el carácter de “disposición general”, lo hasta hace poco se reconocía a los PAIs.

Sin embargo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha puesto límites a dicha impugnación indirecta, considerando que no todos los PAIs tienen el carácter de disposición general. En concreto, tendrían dicho carácter aquéllos que modifiquen las previsiones del Plan General del municipio, no constituyendo por tanto, un mero desarrollo del mismo, sino una mejora, y afectando por ello, a la ordenación estructural allí prevista.

El resto de PAIs no tendrán el carácter de disposición general y por tanto, no podrán ser impugnados indirectamente a través de la reparcelación. Por ello, una vez devengan firmes por no haberse recurrido, serán inatacables. En este último caso, el afectado ya no podrá combatir aquellas determinaciones que, aunque percibidas en la Reparcelación, traigan causa del PAI.