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El arbitraje, una solución posible

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El arbitraje, una solución posible

La sociedad en que vivimos ha ido adoptando, en las últimas décadas, nuevas formas y maneras conformando un sistema complejo en el que no siempre es fácil la convivencia. Es normal, por tanto, que surjan controversias entre los diversos agentes que configuran el espectro social, y que éstas acaben en conflicto con frecuencia.

 

Resulta habitual, del mismo modo, que existan entre las partes confrontadas ciertas reticencias a buscar una solución acudiendo a los tribunales de justicia, y ello, por temor a que se demore en exceso la resolución definitiva del litigio. Ciertamente, el funcionamiento de la Administración de Justicia ha mejorado mucho de un tiempo a esta parte, sin embargo no es excepcional que algunos procedimientos se prolonguen, haciendo que la tutela judicial que se pretende llegue, en ocasiones, demasiado tarde.

 

Nuestro ordenamiento jurídico, haciéndose eco de esta problemática, contempla diversos instrumentos que hacen posible la resolución eficaz de los conflictos. De entre ellos, el arbitraje es para muchos la principal alternativa para evitar tener que recurrir a la justicia ordinaria.

 

El arbitraje, de este modo, es un procedimiento por el cual se somete a la decisión de uno o más árbitros, por acuerdo de las partes, las cuestiones litigiosas que puedan tener, siendo aquellos quienes deban resolver mediante la adopción de un pronunciamiento que se conoce como laudo arbitral.

 

Aunque el legislador español ha puesto especial énfasis a la hora de presentar el arbitraje como una herramienta válida en el ámbito de las relaciones comerciales, ya sea de carácter nacional o internacional, lo cierto es que cualquier conflicto es susceptible de ser sometido a arbitraje.

 

El arbitraje tiene lugar, únicamente, si ambas partes lo han acordado, siendo a éstas a quienes compete, igualmente, la elección del procedimiento para la designación de los árbitros. Por lo general, éstos suelen ser designados entre expertos con vasta experiencia en el ámbito de la resolución de conflictos, así como personas con amplios conocimientos técnicos y/o jurídicos. Además de seleccionar a los árbitros, las partes pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el idioma y el lugar en que se celebre el arbitraje. Esto permite garantizar que ninguna de las partes gozará de las ventajas derivadas de presentar el asunto en su lugar de origen.

 

En términos generales podemos hablar de dos modalidades de arbitraje: el arbitraje de equidad y el arbitraje de derecho. En el arbitraje de equidad, el árbitro emite un laudo según su leal saber y entender. En el arbitraje de derecho, por el contrario, es preceptivo que el laudo esté debidamente motivado y argumentado jurídicamente.

 

En el procedimiento arbitral, por otra parte, se protege específicamente que puedan darse a conocer datos, secretos comerciales u otra información que se facilite a los árbitros, garantizándose el principio de confidencialidad. Es, a su vez, un procedimiento sencillo y rápido que debe resolverse, en principio, dentro de un plazo máximo de 6 meses.

 

Finalmente, reseñar que el laudo emitido por el tribunal arbitral es de obligado cumplimiento entre las partes, tiene fuerza ejecutiva, y frente al mismo sólo podrá instarse, en su caso, la anulación en determinados supuestos.

 

En todo caso, y para los que no estén muy convencidos, siempre cabrá la opción de acudir a los tribunales de justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Problemas con su comunidad de vecinos?

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¿Problemas con su comunidad de vecinos?

Que el hombre sea un ser social no implica que la vida en sociedad resulte fácil. La convivencia, aunque sea pacífica, no está exenta de roces que uno no siempre puede evitar. No es extraño, por tanto, que surjan discrepancias entre las personas que conviven, ya sea en el ámbito familiar, laboral o de vecindad.

Los tiempos modernos han influido mucho durante el siglo pasado en las formas, hábitos y modos de vivir de las personas. Esta incidencia se fue dejando notar también en la ordenación de la propiedad urbana debido a la proliferación de grandes edificaciones en muchos núcleos de población. Hecho que motivó el desarrollo del régimen jurídico de propiedad por pisos, también llamado de propiedad horizontal, por el que se confiere a cada titular un derecho exclusivo sobre el piso o local que adquiere, así como el derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble.

El buen funcionamiento de la comunidad y de los miembros que la conforman requiere el respeto de ciertos derechos y obligaciones que deben estructurarse en razón de los intereses en juego. Del mismo modo, corresponde a los órganos de gobierno de la comunidad, y de un modo especial a la Junta formada por todos los propietarios, conocer y decidir los distintos asuntos de interés general, así como la adopción de las medidas necesarias para el mejor servicio, entre otras funciones.

Ciertamente, son muy diversas las circunstancias que envuelven a cada comunidad de vecinos, y variadas las necesidades que en las mismas se plantean. En todo caso, bueno será saber que todas las iniciativas que puedan suscitarse deben ser tratadas y aprobadas por la Junta de propietarios, así como que no todos los asuntos requieren para su aprobación el mismo régimen de mayorías. Baste señalar, a título de ejemplo, que mientras la modificación de estatutos de la comunidad debe acordarse por unanimidad, la instalación de infraestructuras comunes de acceso a servicios de telecomunicación podrá ser adoptada con el mero apoyo de un tercio de los miembros de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.

Al margen de estas cuestiones formales, que tienen su importancia, la Junta de propietarios puede tratar asuntos y adoptar acuerdos con los que uno o más vecinos no estén conformes por motivos varios. Si esta situación se plantea, será necesario conocer qué puede hacerse.

Los acuerdos aprobados por la Junta pueden impugnarse ante los tribunales siempre que sean contrarios a la ley o a los estatutos, cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, así como cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no esté obligado jurídicamente a soportarlo o hayan sido adoptados con abuso de derecho. Dicha impugnación podrá llevarse a cabo por aquellos propietarios disconformes que hubiesen votado en contra del acuerdo en cuestión, por los que estuvieran ausentes durante la celebración de la Junta, así como por los que se hubiesen visto privados indebidamente de su voto. El plazo para impugnar, con carácter general, es de tres meses desde la adopción del acuerdo, y de un año para el caso de acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos.

En todo caso, antes de aventurarse y empeorar la relación con sus vecinos, es aconsejable contar con el debido asesoramiento de un abogado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Negocia usted con morosos?

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¿Negocia usted con morosos?

El incremento de la morosidad que viene experimentándose en los últimos años es, sin lugar a duda, una de las consecuencias más devastadoras de la difícil coyuntura que atravesamos. Los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas que está afectando a todos los sectores, perjudicando de un modo especial a las pequeñas y medianas empresas que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo, y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto actual. No en vano, son muchas las que pese a tener trabajo, han tenido que cerrar por falta de liquidez debido al impago de aquellos con quienes contrataron.

Las relaciones comerciales se basan necesariamente en la confianza. Cumplir lo pactado, no defraudar la confianza depositada es, en definitiva, lo que se espera de las partes en un trato o negocio cualquiera. No es de extrañar, por tanto, que una conocida marca hiciera de esta máxima su eslogan publicitario: "Del Caserío me fío".

Por desgracia, hoy en día no todos son de fiar, circunstancia que ha propiciado se generalice un clima de desconfianza que en nada favorece el tráfico comercial.

El Gobierno consciente de esta problemática impulsó una serie de medidas en aras a paliar la imperante morosidad en las operaciones comerciales. Una de las principales modificaciones abordadas fue la reducción de los plazos de pago en las contraprestaciones de las operaciones comerciales realizadas entre empresas, las realizadas entre empresas y la Administración, así como aquellas operaciones de pago que se realicen entre los contratistas principales y sus proveedores o subcontratistas.

Por otra parte, se introdujeron también modificaciones en el procedimiento monitorio para agilizar la reclamación por vía judicial de las cantidades adeudadas a empresarios y profesionales.

No obstante, en un país de morosidad tan elevada como el nuestro, el cobro de deudas sigue siendo una tarea ardua y complicada dado que frecuentemente nos encontramos con la desagradable sorpresa de que resulta ser insolvente el deudor al que se reclama.

Ante este incierto panorama es importante saber que, antes de iniciar una negociación, puede ser aconsejable recabar información de la parte contratante acerca de su patrimonio, liquidez, ingresos, reclamaciones judiciales pendientes, deudas impagadas, etc. Qué duda cabe que dicha información será de gran valor para garantizar un intercambio comercial en condiciones de seguridad y solvencia.

Otra posible alternativa es la formalización de un buen contrato que incluya garantías adicionales en el supuesto de que incumpla quien tiene que pagar.

En todo caso, ante la duda, bueno será que se asesore debidamente, para lo que ponemos a su disposición expertos abogados en derecho civil en nuestro despacho de Valencia. No olvide que en estos casos "más vale prevenir que curar".