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Si el TEAR me da la razón, ¿puede Hacienda recurrir la resolución ante los Tribunales?

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Resolución TEAR estimatoria

Cuando un contribuyente recibe una liquidación o una sanción tributaria, debe recurrirla necesariamente ante el TEAR de su Comunidad Autónoma (dejando a salvo las especialidades de los impuestos locales). Dichos TEAR (Tribunales Económico-Administrativo Regionales) tienen la finalidad de revisar los actos dictados por la Administración Tributaria, y en muchas ocasiones dictan resoluciones que anulan dichos actos, y las sanciones tributarias que traen causa de los mismos. En estos casos, cuando el TEAR da la razón al contribuyente, cabe preguntarse si puede Hacienda recurrir la resolución ante los Tribunales.

¿Puede Hacienda embargar, sin límite alguno, los ingresos de los abogados del turno de oficio?

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Embargo salario abogado

Comentamos en Cinco Días el intento de embargo fallido de Hacienda a los abogados de oficio

 

Sabido es que el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece límites a la hora de embargar los sueldos y pensiones del deudor. La norma prevé que dichos límites se extiendan también a los ingresos de actividades profesionales y mercantiles. Una reciente resolución del TEAC ha aclarado si, dada la especial naturaleza de los ingresos percibidos por los abogados del turno de oficio, también se aplica a estos profesionales los límites a los embargos previstos en la normativa procesal civil.

Cuando la Administración no está obligada a declarar la prescripción tributaria “de oficio”

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prescripcion tributaria

La prescripción tributaria supone la extinción del derecho de la Administración a practicar liquidación, por la falta de ejercicio de dicho derecho durante un plazo determinado. En nuestro ordenamiento jurídico, dicho plazo es de cuatro años, tal y como prevé el artículo 66 de la Ley General Tributaria. Además, la prescripción debe declararse “de oficio” por la Administración; es decir, lo haya alegado o no el contribuyente. Una interesante sentencia del Tribunal Supremo acaba de declarar no obstante, que no siempre será así, y que hay supuestos en los que la Administración no estará obligada a declarar “de oficio” tal prescripción.