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Cuidado con los documentos que facilitamos a Hacienda

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Cuidado con los documentos que facilitamos a Hacienda

PREGUNTA.- Soy empresario y he recibido un requerimiento de la Inspección de Hacienda, en el que se me pide gran cantidad de documentación en relación a mi declaración de IRPF del ejercicio 2008, amenazándome con la imposición de una sanción en caso de que me niegue a hacerlo. ¿Estoy obligado a facilitarle a Hacienda todo lo que me pide, aunque pudiera perjudicarme?

SOLUCION: Es evidente que la Inspección, en su labor de comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, puede requerirle la información que considere necesaria para dicho fin.

Sin embargo, dicha solicitud de información, que viene acompañada de la amenaza de imposición de una sanción cuando la misma no se aporta, choca con el derecho a no declarar contra uno mismo, sobre todo cuando la documentación que se pide pudiera comprometer al contribuyente.

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que el requerimiento de entrega de documentación, bajo amenaza de sanción, implica un grado de coacción no tolerado por el derecho a no declarar  contra uno mismo.

Sin embargo, dicho derecho a la no autoincriminación, a pesar de que la información se solicite bajo amenaza de sanción, no vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo en todos los casos.

Existe infinidad de documentación, cuya llevanza viene exigida por la normativa de IRPF, IVA, e Impuesto de Sociedades. Es evidente pues, que si la propia ley exige la llevanza de tal documentación (libros de ingresos y gastos por ejemplo), no es de recibo que el contribuyente, escudándose en el derecho a no declarar contra sí mismo, niegue su aportación a a la Administración.

En estos casos no obstante, es conveniente asesorarse convenientemente, para lo que nos ponemos a su disposición en nuestro despacho de abogados de valencia, con una amplia experiencia en la materia fiscal. Ha de tenerse en cuenta además, que en ocasiones puede ser preferible no atender el requerimiento de información realizado por la Inspección, asumiendo el pago de una sanción por obstrucción, que aportar documentación que comprometa en exceso al contribuyente.

 

 
 

 

 

 

¡Cuidado con las notificaciones electrónicas! II

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¡Cuidado con las notificaciones electrónicas! (y II)

Ante la imposibilidad por dos veces de notificar por causas no imputables a la Administración tributaria -prosigue el artículo 112 de la Ley General Tributaria-, se pasa a la segunda fase: la denominada "notificación por comparecencia mediante anuncios", en los que se indicará al contribuyente el lugar y el plazo para comparecer para ser notificado.

 

La publicación de tales anuncios se hará en la "sede electrónica" de la Agencia Tributaria o en el Boletín Oficial del Estado o en los boletines de las Comunidades Autónomas.

 

Actualmente, está teniendo lugar los martes y jueves en la sede de la Agencia, pero conocemos casos reales en que ha sido en el BOE y en día distinto, existiendo además la posibilidad de que se realice algún convenio entre la Agencia y el boletín de que se trate, para la exclusividad de la publicación y el señalamiento de unas fechas de publicación.

 

Todo ello, por supuesto, de espaldas al contribuyente y sin conocimiento por parte del mismo, que, en definitiva –a nuestro juicio- es lo que interesa, para mantener el efecto "sorpresa" de toda esta operación recaudatoria con plena inseguridad jurídica de aquél, aunque esté prohibida en el artículo 9 de la Constitución Española.

 

En cualquier caso, el principal inconveniente que plantea a la Administración el artículos 112 que comentamos, aunque en su texto sin darle mayor importancia se soslaye, lo constituye la exigencia previa de un doble intento de notificación personal al contribuyente, aunque sin éxito, por causas no imputables a la propia Administración.

 

Esta forma de soslayar el inconveniente, sin embargo, se presenta a nuestro juicio de una forma falsa, como si la Administración no pudiera ser nunca la responsable o la causante de que la notificación no pudiera llevarse a efecto con éxito, cuando no es así.

 

Simplemente, pensemos, por ejemplo en la práctica, en toda la información, medios y posibilidades al alcance de la Administración, que le permiten en todo momento superar cualquier dificultad de localización de un contribuyente, antes de entender que la notificación no es posible. Lo que sucede es que lo cómodo es no hacer nada en especial y calificar sin más el fracaso del intento de notificación como no imputable a la Administración, frase que se nos antoja como un desprecio a la inteligencia del ciudadano, para pasar a continuación al siguiente momento de esta burla de los derechos del contribuyente: la notificación por comparecencia, de la que antes ya hemos hablado.

 

Por mucho que se empeñe la Agencia, no es obligatorio ni tener un ordenador, ni estar suscrito a Internet, ni poseer los conocimientos necesarios para navegar por sus páginas, circunstancias –y ello nos preocupa- que además vienen a concurrir en las economías más débiles y donde las denigrantes NEO (Notificaciones Electrónicas Obligatorias), de las que tan orgullosos están en las Oficinas de la Agencia, están ocasionando estragos de muy difícil solución,

 

Así las cosas, la necesidad de sentencias judiciales sobre el particular es cada vez más apremiante. Y en ello estamos, porque no es nuestro estilo hablar y romancear y no actuar. Le esperamos en nuestro despacho de abogados de Valencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡No se conforme! Plántele cara a Hacienda

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¡No se conforme! Plántele cara a Hacienda

Las liquidaciones dictadas por la Agencia Tributaria, tienen un curioso efecto paralizante sobre la mayoría de contribuyentes. En algunos casos, el contribuyente teme incluso abrir el sobre que se le ha remitido, esperando lo peor, y sobre todo, considerando que lo que Hacienda exija en dicha carta es definitivo, y nada se va a poder hacer.

Dicha mentalidad, que Hacienda se ha preocupado en alimentar, debe ser definitivamente abolida. Y ello porque la experiencia nos demuestra que, afortunadamente, las liquidaciones y sanciones dictadas por la Administración pueden ser objeto de control judicial, si así lo insta el contribuyente, y que en la mayoría de los casos terminan siendo anuladas total o parcialmente por los Tribunales.

Para ello, es necesario comenzar por cambiar la actitud, en la mayoría de las veces temerosa, que el contribuyente, y lo que es más grave, su asesor, mantienen frente a la Hacienda Pública. Se ha extendido la creencia de que cuando la Agencia Tributaria realiza una comprobación, hay que colaborar con ella, y facilitar en todo lo posible su labor, cuando lo cierto es que la colaboración que se nos pide es para que Hacienda nos practique una liquidación, que mermará nuestro patrimonio. ¿Es lógico pues, dar todas las facilidades para que esto ocurra? En el ámbito penal existe el derecho a no declarar contra uno mismo. Sin embargo, parece que esto se olvida cuando se está frente a un Inspector de Hacienda.

Por ello, desde nuestro despacho de abogados en valencia, con especialistas en derecho fiscal, siempre hemos tenido claro que el compromiso de defensa que asumimos con el contribuyente, es incompatible con una actitud colaboracionista con la Administración, al ser los intereses de uno y otro totalmente opuestos.

Por tanto se debe aportar la documentación que justifique las operaciones realizadas, pero esta no debe comprometer al contribuyente, ni privarle de cualquier posibilidad de defensa si más adelante quisiera interponer un recurso.

Y cuando lo inevitable pasa, y el procedimiento de comprobación termina con una liquidación, o se nos ha impuesto una sanción, se ha de analizar la misma con espíritu crítico, teniendo en cuenta que afortunadamente Hacienda no tiene la última palabra, y sus criterios e interpretaciones no son definitivos ni imperativos para los contribuyentes.

Así, el recurso se convierte en la práctica totalidad de los casos en la única forma de solucionar los problemas frente a una Hacienda, que nunca, salvo contadas excepciones, va a estimar nuestras alegaciones en el procedimiento, ni va a rectificar su liquidación.

Y es que recurrir no es ningún problema, si se contrata al profesional adecuado. Normalmente el pago de la deuda podrá suspenderse mientras dure la tramitación del recurso, por lo que el contribuyente podrá temporalmente olvidarse del tema.

Además, los motivos que pueden alegarse no solo engloban los relativos al fondo del asunto, sino también los formales, relativos al modo en que se ha tramitado el procedimiento, y a la posible indefensión que se ha podido causar al contribuyente. Y es que en ocasiones Hacienda olvida que no todo vale para perseguir al contribuyente.

Todo lo anterior desemboca en un gran número de sentencias que, cada día, anulan liquidaciones y sanciones tributarias, lo que debe hacer reflexionar al contribuyente, sobre si le es tan beneficioso conformarse y no recurrir, como Hacienda pretende hacerle creer.