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Recurrir es más barato que pagar a Hacienda

el . Publicado en Procedimientos

Recurrir es  más barato que pagar a Hacienda.

Lo primero que tiene que hacer un contribuyente es saber que los impuestos que se le exigen y las obligaciones que, según Hacienda, ha de cumplir, pueden no ser siempre del todo legales en el fondo o en la forma, o ni en uno, ni en otra. Y así se evitaría sorpresas desagradables.

 

El contribuyente español es, por demás, confiado y crédulo, haciendo cuanto desde la Administración se le dice, o también, por el contrario,  haciendo  una burda pillería que ha oído a alguien o incluso preparando una operación de ingeniería fiscal, que le han recomendado, pero que no suele pasar las más de las veces de un simple operación de “chatarrería” fiscal, porque quien ha sido capaz de diseñarla es luego incapaz de defenderla en los tribunales.

 

Sea como fuere, tanto las Dependencias de Gestión, como las de Inspección, no dejan de abrir expedientes y expedientes, y de liquidar, de una forma o de otra, con razón o sin ella, porque a toda costa hay que recaudar, y mucho más en momentos como éste de auténtico empobrecimiento, de ruina total, cuyo final difícilmente podrá tener lugar en el próximo quinquenio, al menos en España.

 

Lo cierto es que, así las cosas, podemos encontrarnos en cualquier momento con una liquidación con más o menos ceros, con su cuota, sus intereses de demora, y con su sanción… y con su margarita para deshojarla: pagar, pedir su aplazamiento o la suspensión, recurrir. No hacer nada.

 

A mi juicio, no hay duda. La única postura inteligente y práctica es la de recurrir y pedir la suspensión con garantías, si se tienen. Y si no, dejarse embargar, por duro que parezca, porque mientras dure el procedimiento no se podrá ejecutar lo embargado por la Administración, en ningún caso. Y todo quedará como si nada.

 

De todas formas, piénsese que el aplazamiento  también exigirá de garantía y, lo que es más importante, las sanciones, si se recurren, quedarán suspendidas automáticamente, sin necesidad de garantías, hasta que termine el recurso.

 

Hablemos ahora de resultados a conseguir  y de coste del recurso, comparativamente hablando, con el resultado.

 

De toda liquidación tributaria el punto más débil es la sanción, porque para su procedencia se habrá de haber probado por Gestión o por Inspección la culpabilidad del contribuyente o, al menos, su negligencia. Y ello reviste enormes dificultades, tantas que la Administración en la práctica renuncia a tal prueba, como si no hiciera falta, sustituyendo esta necesaria prueba por débiles argumentos, que son siempre los mismos, como si se tratara de una cláusula obligatoria de todo expediente sancionador, que se repite y repite una vez y otra al margen de sus nulos resultados, porque en definitiva son menos los contribuyentes que recurren, asesorados por especialistas, que los que se arredran y sucumben ante las sanciones.

 

Pero ¿a cuánto ascienden las sanciones, que normalmente se anulan? ¿A cuánto los honorarios por plantear y llevar hasta su fin un recurso?

 

Aun a riesgo de generalizar, a menos de la mitad, sin duda alguna.

 

Y todavía caben más preguntas: ¿A cuánto van a ascender la cuota y los intereses de demora, que también se anule?  Pues desde el cien por cien, en el frecuente supuesto de anulación total, a donde se quiera, que será todo ahorro.

 

Y ello, porque pagar y no recurrir es una renuncia a todo, tanto que no he conocido nunca en cuarenta años a nadie que, habiendo recurrido una liquidación, esté arrepentido de haberlo hecho.

Cuidado con los documentos que facilitamos a Hacienda

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Cuidado con los documentos que facilitamos a Hacienda

PREGUNTA.- Soy empresario y he recibido un requerimiento de la Inspección de Hacienda, en el que se me pide gran cantidad de documentación en relación a mi declaración de IRPF del ejercicio 2008, amenazándome con la imposición de una sanción en caso de que me niegue a hacerlo. ¿Estoy obligado a facilitarle a Hacienda todo lo que me pide, aunque pudiera perjudicarme?

SOLUCION: Es evidente que la Inspección, en su labor de comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, puede requerirle la información que considere necesaria para dicho fin.

Sin embargo, dicha solicitud de información, que viene acompañada de la amenaza de imposición de una sanción cuando la misma no se aporta, choca con el derecho a no declarar contra uno mismo, sobre todo cuando la documentación que se pide pudiera comprometer al contribuyente.

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que el requerimiento de entrega de documentación, bajo amenaza de sanción, implica un grado de coacción no tolerado por el derecho a no declarar  contra uno mismo.

Sin embargo, dicho derecho a la no autoincriminación, a pesar de que la información se solicite bajo amenaza de sanción, no vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo en todos los casos.

Existe infinidad de documentación, cuya llevanza viene exigida por la normativa de IRPF, IVA, e Impuesto de Sociedades. Es evidente pues, que si la propia ley exige la llevanza de tal documentación (libros de ingresos y gastos por ejemplo), no es de recibo que el contribuyente, escudándose en el derecho a no declarar contra sí mismo, niegue su aportación a a la Administración.

En estos casos no obstante, es conveniente asesorarse convenientemente, para lo que nos ponemos a su disposición en nuestro despacho de abogados de valencia, con una amplia experiencia en la materia fiscal. Ha de tenerse en cuenta además, que en ocasiones puede ser preferible no atender el requerimiento de información realizado por la Inspección, asumiendo el pago de una sanción por obstrucción, que aportar documentación que comprometa en exceso al contribuyente.

 

 
 

 

 

 

¡Cuidado con las notificaciones electrónicas! II

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¡Cuidado con las notificaciones electrónicas! (y II)

Ante la imposibilidad por dos veces de notificar por causas no imputables a la Administración tributaria -prosigue el artículo 112 de la Ley General Tributaria-, se pasa a la segunda fase: la denominada "notificación por comparecencia mediante anuncios", en los que se indicará al contribuyente el lugar y el plazo para comparecer para ser notificado.

 

La publicación de tales anuncios se hará en la "sede electrónica" de la Agencia Tributaria o en el Boletín Oficial del Estado o en los boletines de las Comunidades Autónomas.

 

Actualmente, está teniendo lugar los martes y jueves en la sede de la Agencia, pero conocemos casos reales en que ha sido en el BOE y en día distinto, existiendo además la posibilidad de que se realice algún convenio entre la Agencia y el boletín de que se trate, para la exclusividad de la publicación y el señalamiento de unas fechas de publicación.

 

Todo ello, por supuesto, de espaldas al contribuyente y sin conocimiento por parte del mismo, que, en definitiva –a nuestro juicio- es lo que interesa, para mantener el efecto "sorpresa" de toda esta operación recaudatoria con plena inseguridad jurídica de aquél, aunque esté prohibida en el artículo 9 de la Constitución Española.

 

En cualquier caso, el principal inconveniente que plantea a la Administración el artículos 112 que comentamos, aunque en su texto sin darle mayor importancia se soslaye, lo constituye la exigencia previa de un doble intento de notificación personal al contribuyente, aunque sin éxito, por causas no imputables a la propia Administración.

 

Esta forma de soslayar el inconveniente, sin embargo, se presenta a nuestro juicio de una forma falsa, como si la Administración no pudiera ser nunca la responsable o la causante de que la notificación no pudiera llevarse a efecto con éxito, cuando no es así.

 

Simplemente, pensemos, por ejemplo en la práctica, en toda la información, medios y posibilidades al alcance de la Administración, que le permiten en todo momento superar cualquier dificultad de localización de un contribuyente, antes de entender que la notificación no es posible. Lo que sucede es que lo cómodo es no hacer nada en especial y calificar sin más el fracaso del intento de notificación como no imputable a la Administración, frase que se nos antoja como un desprecio a la inteligencia del ciudadano, para pasar a continuación al siguiente momento de esta burla de los derechos del contribuyente: la notificación por comparecencia, de la que antes ya hemos hablado.

 

Por mucho que se empeñe la Agencia, no es obligatorio ni tener un ordenador, ni estar suscrito a Internet, ni poseer los conocimientos necesarios para navegar por sus páginas, circunstancias –y ello nos preocupa- que además vienen a concurrir en las economías más débiles y donde las denigrantes NEO (Notificaciones Electrónicas Obligatorias), de las que tan orgullosos están en las Oficinas de la Agencia, están ocasionando estragos de muy difícil solución,

 

Así las cosas, la necesidad de sentencias judiciales sobre el particular es cada vez más apremiante. Y en ello estamos, porque no es nuestro estilo hablar y romancear y no actuar. Le esperamos en nuestro despacho de abogados de Valencia.