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El deseado equilibrio entre los intereses generales e individuales para el correcto funcionamiento de la sociedad en que vivimos, exige un conocimiento profundo de los derechos y obligaciones que atañen a las diversas partes en conflicto, así como un examen riguroso de la legalidad que siempre debe presidir las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos.

La diversidad de materias que esta disciplina jurídica abarca, nos obliga a desarrollar una labor profesional cualificada de asesoramiento del administrado y defensa de sus intereses en vía administrativa y contenciosa, áreas en las que disponemos de una amplia experiencia asesorando a particulares, empresas, y todo tipo de entidades.