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El mandato constitucional de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos tiene como límite, a la exigencia de esta contribución, la necesidad de que el establecimiento de las prestaciones personales y patrimoniales que ello implica, se realicen respetando los derechos y garantías del contribuyente, ya sea persona físicas o jurídica.

Nuestra actividad profesional se orienta a la defensa de los intereses del contribuyente frente Hacienda, contando con una dilatada trayectoria en materia de recursos administrativos y contencioso-administrativos, así como al asesoramiento fiscal para la optimización correcta de los beneficios fiscales al alcance de nuestros clientes.