En un post anterior de este blog nos referimos a los supuestos en los que la Agencia Tributaria, ninguneando la prescripción tributaria, comprobaba operaciones realizadas en ejercicios prescritos a través del mecanismo del fraude de ley.
Como expusimos en dicho post, el TEAC considera posible dicha opción, entendiendo que lo que está sometido a prescripción es la facultad de practicar liquidación y no cualquier otro acuerdo que pueda dictar la Administración, como es el de la declaración de fraude de ley.
Afortunadamente, esta opinión no parecen compartirla algunos tribunales, como es el caso de la Audiencia Nacional. En reciente sentencia, dicho tribunal sostiene que los actos de la Administración no solo son expresos, sino que también pueden revelarse de forma tácita o presunta.
Por ello, concluye que no puede pretenderse, en el marco de una comprobación del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2002 a 2004, declarar en fraude de ley operaciones realizadas en el ejercicio de 1998, cuyas principales magnitudes (precio de adquisición y financiación) han adquirido firmeza como consecuencia del transcurso del plazo de prescripción. Todo ello, con la finalidad de declarar no deducibles los gastos referidos a dichas operaciones soportados en ejercicios no prescritos.
Y ello porque en el momento en que se iniciaron las actuaciones inspectoras, y desde luego, cuando en 2008 se inició el expediente para declarar las operaciones realizadas en fraude de ley, ya había prescrito el derecho de la Administración para determinar y alterar las magnitudes tributarias originadas y declaradas diez años antes, así como los efectos derivados de las mismas.
Estamos sin duda ante una buena noticia, que pone freno a la voracidad recaudatoria de la Administración. Dicha sentencia además, reafirma la importancia del instituto de la prescripción tributaria, frente a los reiterados intentos de la Administración Tributaria de eludir su aplicación.