El Tribunal Supremo exige a Hacienda que justifique los motivos por los que inicia una comprobación de valores

Uno de los aspectos claves en la trasmisión de un inmueble es la valoración del mismo a efectos fiscales. Cuestión que sigue generando mucha controversia entre los contribuyentes y la Administración. Cierto es que tras la aprobación del valor de referencia los procedimientos de comprobación de valores se han reducido notablemente. Aunque no por ello han disminuido las discrepancias entre los contribuyentes y la Administración. El Tribunal Supremo ha exigido a Hacienda que justifique los motivos para iniciar una comprobación de valores.

Autor: Salvador Salcedo Benavente

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES?

El artículo 108.4 de la Ley 58/2003 (en adelante LGT) recoge las presunciones en materia tributaria. Señalando expresamente que se presumen ciertos los datos y elementos consignados por los contribuyentes en las declaraciones tributarias. De este modo, según criterio del Tribunal Supremo, una autoliquidación se equipara a un acto de ejercicio de potestad en que se obtuviera el mismo resultado. Lo que sucede cuando lo declarado por el obligado tributario no se comprueba, investiga o revisa.

No obstante, el valor de los bienes determinantes de la obligación tributaria puede ser comprobado por la Administración tributaria. Y ello mediante el procedimiento de comprobación de valores que regula el artículo 57 de la LGT. Que contempla diferentes métodos de valoración como el dictamen de peritos, los precios medios de mercado, la tasación hipotecaria, etc. La Administración, en todo caso, deberá comunicar la propuesta de valoración indicando el método y criterios empleados.

Tribunal Supremo exige a Hacienda justificar la comprobación de valores

¿SIGUE UTILIZÁNDOSE EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES, TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DEL VALOR DE REFERENCIA?

La aprobación de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude introdujo cambios relevantes. Modificando la base imponible de los impuestos sobre trasmisiones (ITP) y sucesiones (ISD). Que a partir del 1-01-2022 será el valor de referencia que Catastro asigne a los bienes. Siendo dicho valor de referencia la base mínima de tributación en los referidos impuestos. Que el contribuyente deberá impugnar si no está conforme.

Tras dicha modificación legal los procedimientos de comprobación de valores se han reducido notablemente. No obstante, la Administración tiene todavía plazo para iniciar comprobación de valores respecto a las trasmisiones de inmuebles anteriores al 1-01-2022 que no hayan prescrito. Así como las posteriores a la indicada fecha en el caso de que el inmueble trasmitido no tenga asignado un valor de referencia de Catastro.

¿DEBE JUSTIFICAR LA ADMINISTRACIÓN LOS MOTIVOS LOS MOTIVOS POR LOS QUE INICIA UNA COMPROBACIÓN DE VALORES?

El Tribunal Supremo en reciente sentencia ha abordado la cuestión que es objeto de este apartado. Lo cierto es que la Sala, en sentencia de 23-05-2018, ya se refirió a esta mismo aspecto. Remarcando la necesidad de que la Administración justifique las razones por las que decide iniciar una comprobación de valor. Por considerar que el valor declarado por el contribuyente no se corresponde con el valor real. Siendo dicha exigencia de aplicación a todas las comprobaciones de valores, cualquiera que sea el método escogido por la Administración.

Lo cierto es que el recurso del que deriva la sentencia ahora dictada tenía un claro objeto. Determinar si la Administración debe motivar en la comunicación de inicio las razones que justifican la realización de una comprobación de valores. O si por el contrario está facultada para iniciar una comprobación en todo caso. Siempre que se trate de tributos cuya base imponible esté constituida por el valor real del bien.

La Sala concluye que la Administración tiene obligación de motivar. Debiendo indicar en la comunicación de inicio del procedimiento de comprobación de valores las razones que justifican su realización. Sea cual sea la forma y el medio de comprobación utilizado. Indicando la causa de la discrepancia con el valor declarado en la autoliquidación. Y los indicios de una falta de concordancia entre el mismo y el valor real.

En definitiva, tiene que justificar por qué no acepta el valor declarado. Incredulidad que involucra dos facetas distintas. La primera sería la de suponer que el precio declarado no corresponde con el efectivamente satisfecho. Lo que daría lugar a una simulación relativa cuya existencia no puede ser presumida, sino objeto de la necesaria prueba a cargo de la Administración. La segunda faceta consiste en admitir que el valor declarado como precio de la compraventa es el efectivamente abonado. Pero no corresponde con el valor real, que es cosa distinta. En este caso, también tendría que justificar la Administración la fuente de esa falta de concordancia.

No obstante, si se le plantea esa problemática,  que debe ser analizada por caso por caso. ¡Consúltenos!