Cuando Hacienda «aprovecha» el COVID19, para ampliar la duración de los procedimientos: ¿Qué pueden hacer los contribuyentes?

El estado de alarma declarado con motivo del COVID19, supuso la paralización de los plazos de los expedientes administrativos tributarios. Y ello, durante el período comprendido entre el 14-3-2020 y el 30-5-2020. No cabe duda de que dicha paralización le ha venido muy bien a la Administración. Y le ha permitido extender la duración de los procedimientos de gestión tributaria, más allá del límite temporal previsto en la normativa. Por ello, interesa plantearse si el contribuyente puede oponerse a esta extensión de la duración de los procedimientos. Y la forma en que puede hacerlo.

LA IMPORTANCIA DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA

El artículo 104 de la Ley General Tributaria dispone que la duración máxima de los procedimientos de Gestión será de seis meses. Ello, salvo que la normativa prevea una duración específica para algún procedimiento.

Las consecuencias de superar este plazo, pueden ser demoledoras para la Administración. El expediente caducará, y nada de lo actuado habrá interrumpido la prescripción. En aplicación de esta caducidad, son muchas las liquidaciones que se anulan. Ello, declarando además los Tribunales, según los casos, la prescripción del derecho de la Administración a dictar liquidación.

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Sin embargo, esta duración máxima de los procedimientos puede ampliarse. No obstante, es necesario que se documente y acredite la existencia de dilaciones no imputables a la Administración. O de períodos de interrupción justificada del procedimiento. A ello se refiere el artículo 102.2 del Real Decreto 1065/2007.

¿CÓMO ESTÁ COMPUTANDO LA ADMINISTRACIÓN LA DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, TRAS EL ESTADO DE ALARMA?

Pues bien, la Administración está considerando que la paralización de los plazos por el estado de alarma supone la interrupción justificada del procedimiento. Ello le permite añadir 77 días extra, a la duración de cualquier procedimiento de Gestión. En concreto, los transcurridos entre las referidas fechas del 14-3-2020, y el 30-5-2020.

Y ello, basándose en lo dispuesto en el artículo 33.5 del Real Decreto-Ley 8/2020: “El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles”. La paralización se extendió posteriormente hasta el 30-5-2020 (Disposición Adicional 1ª Real Decreto-Ley 15/2020).

Sin embargo, no consideramos que el referido artículo pueda justificar, directa y automáticamente, la imputación de retrasos en el procedimiento. Muy al contrario, creemos necesario que dicho retraso se documente y acredite en la liquidación dictada. Como ocurre con cualquier otro de los períodos de interrupción justificada previstos en el artículo 103 del Real Decreto 1065/2007.

No en vano, el artículo 102.4 del citado Real Decreto dispone que “Los períodos de interrupción justificada, las dilaciones por causa no imputable a la Administración y los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento inspector deberán documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente”. E idéntica exigencia se predica en relación con los procedimientos de Gestión tributaria.

LOS TRIBUNALES EXIGEN QUE LAS DILACIONES Y RETRASOS SE DOCUMENTEN EN EL EXPEDIENTE

En efecto, son muchas las resoluciones judiciales que, en los últimos años, han hecho hincapié en la obligación de documentar y justificar las dilaciones, y los períodos de interrupción justificada. Deben documentarse y motivarse en la liquidación. Y deben quedar acreditados en el expediente administrativo.

Documentación y acreditación de las dilaciones y períodos de interrupción justificada en el procedimiento

Ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Supremo de 11-12-2017 (Recurso 3175/2016), referida al retraso en la aportación de documentación por el contribuyente. Así afirma el Alto Tribunal que “sólo es posible imputar una dilación por retraso en la aportación de documentación si la Inspección razona en el acuerdo de liquidación, respecto de cada periodo de dilación, (i) la concreta documentación que faltaba por aportar, y (ii) los motivos por los que los que la existencia de documentación pendiente de aportar incidió en el normal desarrollo de la actuación inspectora.”

En el mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia de 12-9-2014 437/2011), critica que la Administración “se ha limitado apreciar la existencia de 2171 días de dilaciones imputables al actor, señalando de manera genérica que son motivadas por falta de aportación de documentación y falta de comparecencia a las citaciones de la Inspección…”.

Sólo el órgano de liquidación puede imputar las dilaciones y períodos de interrupción justificada del procedimiento

Además, las dilaciones y períodos de interrupción justificada deben documentarse en la liquidación. Y deben ser imputados por el órgano liquidador. Por ello, no es posible que sean apreciadas por el órgano de revisión, con motivo de la presentación de un recurso de reposición. O de una reclamación económico-administrativa.

En este sentido, el TEAR de Valencia declaró, en resolución de 18-4-2018, dirigida por nuestro despacho, que “Los órganos de revisión no pueden invadir las funciones de los órganos de gestión y suplir las deficiencias y errores en que éstos hayan podido incurrir, cuando su función es determinar la conformidad o no a Derecho de la liquidación practicada, sin que su amplia facultad revisora que se les otorga para decidir cuantas cuestiones se derivan del expediente, hayan sido o no planteadas por las partes, pueda empeorar la situación inicial del recurrente. Por ello, con objeto de la resolución del recurso de reposición no es aceptable que la Administración impute una dilación que no ha sido recogida por el órgano gestor en la liquidación ahora impugnada.”

Vemos, en definitiva, que dicha obligación de documentación y acreditación de las dilaciones y retrasos existe. Pero, ¿es posible trasladarla al ámbito del COVID19?

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR Y ACREDITAR LAS INTERRUPCIONES JUSTIFICADAS DEL PROCEDIMIENTO, POR EL COVID19

Consideramos que los contribuyentes, básicamente, pueden encontrarse con dos situaciones:

Procedimientos en los que no se hace referencia alguna a la interrupción por el COVID19

En las últimas semanas, nos hemos encontrado con liquidaciones dictadas en procedimientos de Gestión, más allá del plazo de 6 meses antes referido. Y en algunas de ellas no se hacía mención alguna a la paralización de los plazos de resolución por motivo del COVID19.

paralización de los plazos

Pues bien, en estos casos consideramos que podría alegarse la caducidad del procedimiento de Gestión. Y que el órgano de revisión que tuviera que resolver el recurso (reposición o reclamación económico-administrativa), no podría tener en cuenta el retraso en el expediente. Y ello, por mucho que dicho retraso tuviera que ver con una circunstancia tan pública, como el COVID19 y el estado de alarma.

Procedimientos en los que se documenta la interrupción por el COVID19 y el estado de alarma, indicando los 77 días de paralización

Es más frecuente encontrar liquidaciones en las que se documenta la interrupción justificada, amparada en la declaración del estado de alarma por el COVID19. Sin embargo, en la mayoría de estos casos se imputa el retraso de forma automática. Y sin justificar si realmente ha existido una paralización real del procedimiento.

En este punto, hay que recordar que el mismo artículo 33.5 del Real Decreto-Ley 8/2020 antes trascrito, dispone que “durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles”. Esta circunstancia ha sido reconocida por la propia Agencia Tributaria, que en las preguntas frecuentes (FAQS) publicadas en su web afirma que "En general, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no realizará trámites en estos procedimientos. No obstante, sí podrá realizar los trámites que sean imprescindibles".

Por ello, considerando que puede no haber existido una paralización completa del procedimiento, entendemos que debiera justificarse, en cada caso concreto, y teniendo en cuenta las circunstancias de la propia Administración Tributaria, dicha paralización se ha producido. Y también que en el expediente no se ha realizado ninguna actuación ni comprobación, aun a simples efectos internos.

En definitiva, no es suficiente en nuestra opinión, con imputar automáticamente 77 días de retraso en el procedimiento, sin más justificación que la existencia del estado de alarma.

LOS TRIBUNALES DECIDIRÁN

Estamos, evidentemente, ante cuestiones que pueden alegar los contribuyentes. Y que, en todo caso, tendrán que decidir los Tribunales administrativos y judiciales, al resolver los recursos presentados.

Pero consideramos que la paralización de los plazos de resolución de los procedimientos por el COVID19 no puede volverse siempre, y en todo caso, en contra de los contribuyentes. Y desde luego, nuestra percepción es que la Administración está utilizando dicha paralización para contar con 77 días extra de duración, en todos los procedimientos afectados por el estado de alarma.