Nuevo “palo” del TEAR de Valencia, a las declaraciones de responsabilidad del 42.2.a) de la Ley General Tributaria

En los últimos meses, se ha incrementado el número de declaraciones de responsabilidad notificadas por la Administración Tributaria a los contribuyentes. Una de las más frecuentes, es la que se basa en el artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria (LGT). En estos casos, el supuesto de hecho se produce cuando el declarado responsable recibe bienes de un contribuyente deudor de Hacienda, impidiendo que ésta pueda cobrar la deuda. El TEAR de Valencia, sin embargo, está plantando cara a este tipo de acuerdos de declaración de responsabilidad. Prueba de ello es una resolución que se nos ha notificado recientemente en el despacho.

LA RESPONSABILIDAD DEL 42.2.a), LGT: UN SUPUESTO CADA VEZ MÁS HABITUAL

Hablamos, como se ha indicado, de supuestos muy habituales. Es el caso, por ejemplo, de contribuyentes que, mediante cualquier negocio jurídico o contrato, reciben bienes del deudor principal. Y dificultan con ello el cobro de la deuda por parte de Hacienda.

Y de este supuesto de responsabilidad no se libran ni los menores de edad, a los que la Administración está también declarando responsables. Se trata, no obstante, de una cuestión que será enjuiciada en breve por el Tribunal Supremo (Auto de 21-11-2019, recurso 3172/2019).

Hay que tener en cuenta, además, que es indiferente que, cuando se transmiten los bienes, el contribuyente todavía no sepa que es deudor de Hacienda. En la práctica, es habitual que Hacienda considere fraudulenta una donación o transmisión realizada. Y ello, a pesar de que ésta se realice mucho antes de que la Administración notifique al contribuyente la liquidación de la que surge la deuda.

Ello se debe a que la obligación de pago, para el deudor principal, nace desde que se realice el hecho imponible del impuesto. Y a partir de ese momento, todo su patrimonio, presente y futuro, queda vinculado al pago de la deuda tributaria.

Por este motivo, toda operación de despatrimonialización, de transmisión de bienes, se mira con lupa por la Administración Tributaria. Y ello, por si su finalidad fuera la de evitar el pago de la deuda tributaria presente o futura.

Sin embargo, siempre es necesario el elemento subjetivo. Es decir, la intencionalidad fraudulenta del deudor de Hacienda, y del que recibe los bienes. El querer perjudicar a la Administración Tributaria. Y en este punto es donde la interpretación llevada a cabo por el TEAR de Valencia puede permitir anular muchas declaraciones de responsabilidad.

EL TEAR DE VALENCIA EXIGE LA EXISTENCIA DE “CONSILIUM FRAUDIS” PARA LAS DEUDAS POSTERIORES AL ACTO DE OCULTACIÓN

Nos referimos, en concreto, a una resolución de 26-2-2021 que se nos ha notificado. En ella, considera el TEAR que, en este tipo de declaraciones de responsabilidad, la Administración debe acreditar que la conducta del deudor y del presunto responsable fue consciente. Es decir que conocían el plan de perjudicar a Hacienda en el que participaban.

“Consilium fraudis” y “scientia fraudis"... ¿Qué son?

Sin embargo, el TEAR diferencia los conceptos de “consilium fraudis” y “scientia fraudis. Esta distinción ya ha sido apuntada por Nuria Puebla en su brillante monografía “La deriva de la responsabilidad tributaria”. Y ello, resaltando que el "consilium fraudis" es la “conciencia en el deudor del empobrecimiento real o fingido que causa al acreedor. Dicho de otro modo, el consilium fraudis es esta conciencia que ha de darse en el deudor, y se afirma que, para que se entienda concurrente, basta que el deudor enajenante haya conocido o debido conocer la eventualidad del perjuicio.”

Pero también es necesario que, en el que recibe los bienes, se dé lo que se conoce como “scientia fraudis”. Es decir, el conocimiento de que se está creando tal perjuicio a Hacienda.

declaración de responsabilidad

Hay que tener en cuenta si la deuda se devengó antes o después del acto de ocultación

No obstante, considera el TEAR que hay que tener en cuenta la fecha de devengo de las deudas del deudor principal. En el caso resuelto, la transmisión considerada fraudulenta se llevó a cabo el 22-4-2015. Y había deudas devengadas antes de dicha transmisión (IVA del 4T de 2014). Pero también posteriores. En concreto, del 4T de IVA de 2015.

Y en este punto el TEAR declara que para las deudas cuyo devengo es posterior al supuesto acto de ocultación es exigible la existencia de <<consilium fraudis>>, o concertación entre deudor enajenante y el tercero adquirente, no la <<scientia fraudis>> entendido como conocimiento en el tercero adquirente del perjuicio causado al acreedor, o bien la diligencia exigible de haber debido conocer dicho perjuicio.”

Todo ello para concluir que Del análisis del presente expediente se desprende que no se ha acreditado el consilium fraudis, por lo que las deudas posteriores al acto de la adjudicación en pago, de fecha 22 de abril de 2015, no podrían ser objeto de derivación, teniéndose que limitar el alcance de la derivación a la deuda que se encuentra en período ejecutivo correspondiente a la autoliquidación del IVA 4T-2014.”

En definitiva, para el caso de que las deudas se hayan devengado con posterioridad a la transmisión de bienes (acto de ocultación), es necesario acreditar la existencia de “consilium fraudis. Es decir, demostrar que el deudor sabía que la transmisión de bienes podía generar un perjuicio a Hacienda. Y esto es algo que debe probar la Administración.

La acreditación del “consilium fraudis” no es algo accesorio y adicional

La resolución del TEAR confirma que la exigencia de “consilium fraudis” no es un requisito subjetivo accesorio o adicional, que puede aportarse en el caso de que las deudas se hayan devengado con posterioridad al acto de ocultación (transmisión de los bienes). Así lo venía entendiendo hasta ahora la Administración.

Por el contrario, la acreditación del “consilium fraudis” en estos casos, siguiendo el criterio del TEAR de Valencia, se antoja ahora imprescindible. Y su ausencia supondrá que las deudas posteriores al acto de ocultación, queden fuera del objeto de la declaración de responsabilidad.

Estamos, en definitiva, ante un criterio importante, que puede servir para anular las declaraciones de responsabilidad cuando la totalidad o parte de las deudas se hayan devengado con posterioridad a la transmisión de bienes.

EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEBEN ESTAR LAS LIQUIDACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES CUYA DEUDA SE DERIVA AL RESPONSABLE

Además, el TEAR exige que, en estos casos, en el expediente administrativo se incluyan todas las liquidaciones y autoliquidaciones de las que proviene la deuda que se exige al responsable.

Puede llamar la atención dicha exigencia, teniendo en cuenta que el responsable, en estos supuestos del 42.2 de la LGT, no puede impugnar dichas liquidaciones. Así lo prohíbe, expresamente, el artículo 174.5 de la LGT.

No obstante, el TEAR exige la presencia de dicha documentación en el expediente “al objeto de que el contribuyente hubiese podido ejercer adecuadamente su defensa en cuanto al alcance global del acuerdo de derivación.”

Es decir, dicha documentación debe estar en el expediente para que, tanto el contribuyente como el TEAR que tiene que resolver la reclamación, puedan confirmar la existencia real de las deudas que se derivan, así como su importe global. Y la ausencia de tales documentos supondrá la anulación del acuerdo de declaración de responsabilidad.

CONCLUSIÓN

Estamos, en definitiva, ante criterios importantes, que pueden alegarse para lograr la anulación de los acuerdos de declaración de responsabilidad dictados conforme al artículo 42.2 de la LGT.

Ello demuestra que estos acuerdos de declaración de responsabilidad pueden anularse, y que siempre es conveniente recurrirlos. Si ha recibido uno de ellos ¡no dude en consultarnos!